Crisis de derechos humanos
En Catalunya y en España, también tenemos muchos desafíos por delante, porque como ya alertábamos desde Amnistía Internacional a principios de 2012, existía el riesgo de que la crisis económica se convirtiera en una crisis de derechos humanos. Y así está siendo, lamentablemente. Mientras la pobreza y la desigualdad van en aumento, se recorta el gasto social, afectando así derechos básicos como el derecho a la educación, a la salud ya una vivienda adecuada.
Desde Amnistía Internacional insistimos en que no disponer de una vivienda digna o no tener acceso a la atención sanitaria puede vulnerar otros derechos, incluido el derecho a la vida. Por ello, el gobierno de la Generalitat es responsable de asegurar que los recortes y ajustes económicos que se puedan hacer, no afecten su obligación de garantizar los derechos humanos de los grupos más vulnerables, como son las personas sin hogar o las personas afectadas por los desalojos forzosos.
Pero ante esta situación de crisis en que nos encontramos, la respuesta social y ciudadana ha sido clave para defender los derechos de las personas. Desde Amnistía Internacional Catalunya queremos seguir contribuyendo a esta movilización, seguiremos defendiendo el derecho a la salud y trabajando para que el gobierno catalán, como ya ha venido haciendo estos últimos meses al no aplicar el decreto del gobierno español, proporcione asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación irregular. También impulsaremos el trabajo en defensa del derecho a la vivienda en Cataluña y en particular, sobre desalojos forzosos cuando éstos vulneren la legislación internacional de derechos humanos.
Otra de las cuestiones que trabajaremos con especial incidencia en Catalunya será garantizar el derecho de las mujeres a no sufrir violencia. En Catalunya, murieron el pasado año 12 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, y tristemente nos convertimos en la comunidad autónoma con más víctimas de todo el estado. Desde el año 2008, Catalunya dispone de la ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. A pesar de las medidas adoptadas, la violencia de género en Cataluña es una realidad que sigue afectando gravemente la vida de las mujeres.
En general, los mínimos dispuestos en la Ley catalana siguen sin ser una realidad y las medidas y recursos de asistencia a las víctimas siguen siendo insuficientes y están repartidos de forma desigual en el territorio. Trataremos especialmente con el sector judicial, para poner fin a la doble victimización de estas mujeres: víctimas de violencia de género y víctimas de un sistema que no las protege.
El gobierno de la Generalitat dispone de un importante margen de maniobra para desarrollar leyes y políticas que tengan en cuenta mecanismos para garantizar la información sobre los derechos, vías para la participación, indicadores de derechos humanos y mecanismos de rendición de cuentas por avanzar hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), derechos como la salud, la educación, la vivienda o el trabajo.
El Gobierno catalán tiene que hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de los que sufren el brutal impacto de la crisis y, además, debe rendir cuentas sobre las medidas que despliega para garantizar estos derechos.
Desde Amnistía Internacional insistimos en que no disponer de una vivienda digna o no tener acceso a la atención sanitaria puede vulnerar otros derechos, incluido el derecho a la vida. Por ello, el gobierno de la Generalitat es responsable de asegurar que los recortes y ajustes económicos que se puedan hacer, no afecten su obligación de garantizar los derechos humanos de los grupos más vulnerables, como son las personas sin hogar o las personas afectadas por los desalojos forzosos.
Pero ante esta situación de crisis en que nos encontramos, la respuesta social y ciudadana ha sido clave para defender los derechos de las personas. Desde Amnistía Internacional Catalunya queremos seguir contribuyendo a esta movilización, seguiremos defendiendo el derecho a la salud y trabajando para que el gobierno catalán, como ya ha venido haciendo estos últimos meses al no aplicar el decreto del gobierno español, proporcione asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación irregular. También impulsaremos el trabajo en defensa del derecho a la vivienda en Cataluña y en particular, sobre desalojos forzosos cuando éstos vulneren la legislación internacional de derechos humanos.
Otra de las cuestiones que trabajaremos con especial incidencia en Catalunya será garantizar el derecho de las mujeres a no sufrir violencia. En Catalunya, murieron el pasado año 12 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, y tristemente nos convertimos en la comunidad autónoma con más víctimas de todo el estado. Desde el año 2008, Catalunya dispone de la ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. A pesar de las medidas adoptadas, la violencia de género en Cataluña es una realidad que sigue afectando gravemente la vida de las mujeres.
En general, los mínimos dispuestos en la Ley catalana siguen sin ser una realidad y las medidas y recursos de asistencia a las víctimas siguen siendo insuficientes y están repartidos de forma desigual en el territorio. Trataremos especialmente con el sector judicial, para poner fin a la doble victimización de estas mujeres: víctimas de violencia de género y víctimas de un sistema que no las protege.
El gobierno de la Generalitat dispone de un importante margen de maniobra para desarrollar leyes y políticas que tengan en cuenta mecanismos para garantizar la información sobre los derechos, vías para la participación, indicadores de derechos humanos y mecanismos de rendición de cuentas por avanzar hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), derechos como la salud, la educación, la vivienda o el trabajo.
El Gobierno catalán tiene que hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de los que sufren el brutal impacto de la crisis y, además, debe rendir cuentas sobre las medidas que despliega para garantizar estos derechos.
Fuente: http://www.eldiario.es/
